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      Mujica excluirá por decreto casos amparados por la ley de amnistía

      El gobierno ya tiene listo un proyecto que aguarda la firma del presidente.

      Mujica excluirá por decreto casos amparados por la ley de amnistíaCLAIMA20110513_0046 EN SU DESPACHO. EL PRESIDENTE MUJICA INSISTIO EN QUE ESTA EN CONTRA DE LA ANULACION DE LA LEY DE CADUCIDAD.
      Redacción Clarín
      13/05/2011 00:35

      La presidencia de Uruguay redactó un texto para habilitar a José Mujica a excluir por decreto algunos casos amparados por una amnistía (Ley de Caducidad), que desde 1986 ampara a militares violadores de derechos humanos durante la dictadura cívico militar (1973-1985), informó ayer el diario El Observador . Si bien todavía no se informó cuando el mandatario firmaría, fuentes del Ejecutivo aseguraron a Clarín que en las próximas horas estaría firmando puntualmente un decreto para habilitar la investigación de Alvaro Balbi, un militante comunista asesinado en 1975.

      Mientras, en su habitual audición radial, Mujica volvió a expresar su posición contraria al voto del proyecto interpretativo que prevé anular la ley de caducidad porque “pasa por arriba a dos plebiscitos (en 1989 y 2009 la ciudadanía optó por no derogar la ley)” y porque a futuro “podría traerle costos importante al Frente Amplio (FA)”.

      Con su particular estilo, esta vez usando como ejemplo algunas reglas del truco uruguayo, Mujica dijo que “no va a haber quien convenza que se puede matar a dos consultas populares por una cuestión legislativa.

      No es bueno que se diga al pueblo que no entiende cuando vota . Que se le diga que se lo consultó por equivocación, porque no tenía derecho a votar nada. Esta es la gran razón por la que discrepo con el proyecto”.

      Mujica recordó a los legisladores del FA: “Se están valiendo de una ínfima mayoría parlamentaria (50 diputados de 99 y 16 senadores de 31), que es absolutamente legítima, pero debemos reconocer que se ganó por un pelo. Eso debería obligarnos a ser prudentes cuando intervenimos en asuntos de este tamaño, que pueden marcar la historia de este país para los próximos veinte años”.

      Mujica descartó una vez más la posibilidad de usar el instrumento del veto (a la que en los últimos días agregó la variante de que “salvo que el FA se lo pidiera”), por su convencimiento de que tiene una representación más directa que la presidencia, y luego volvió a explayarse sobre la próxima votación en al Cámara Baja: “Una enorme minoría votó a otros partidos. Dentro del FA, hay otra enorme minoría que no está de acuerdo con el proyecto interpretativo, pero nuestro Plenario va a obligarlos a votar disciplinadamente. Es legítimo, es legal, pero me permito dudar que sea lo mejor para el país, y dudo mucho que sea bueno para el porvenir del FA”.

      Justamente en la víspera, la Mesa Política del FA decidió convocar a un nuevo Plenario (es la máxima autoridad de la coalición, y está integrado por representantes de todos los grupos que la componen) para mañana, con la intención de que confirme o revoque el mandato que anteriormente hizo a sus legisladores para que votaran el proyecto interpretativo de la ley, que ya tiene media sanción en el Senado y que se va a votar en diputados el 19 de mayo. A pesar de los reiterados planteos de Mujica contra el mencionado proyecto de ley, la idea de apoyarlo sigue firme en muchos de los grupos del FA que tienen representación parlamentaria, pero la novedad es que se manejaría la posibilidad de llamar a una consulta popular para ratificar la decisión.

      Es importante señalar que, en 2006, el ex presidente Tabaré Vázquez excluyó expresamente algunos casos de esta ley de amnistía . Así se iniciaron en Uruguay 26 procesos judiciales y cuatro de uruguayos en Chile. Algunos de ellos tiene “ligazón” con Argentina, como la de la privación de libertad y desaparición forzada de la nuera de Juan Gelman; la denuncia por desapariciones forzadas en Argentina en 1977 y traslados clandestinos al Uruguay en 1978; y la causa “Orletti” en Uruguay o “Segundo Vuelo”, por desaparición forzada, tortura, apropiación de menores, traslado clandestino.

      A raíz de la apertura de estas causas, fueron procesados el ex dictador Gregorio Alvarez y el ex presidente Juan María Bordaberry, responsable de abrir las puertas a la dictadura.


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